Desde hace más de 50 años, Colombia viene padeciendo la más cruenta guerra irregular de su historia. La sangre ha corrido a borbotones y se cuentan por miles las víctimas de esta horrible noche de dolor y exterminio. Nada parece detener el conflicto interno. Las cifras son elocuentes y los grupos armados irregulares se multiplican, al igual que el número de desplazados, viudas, huérfanos.
El más doloroso episodio de esta confrontación que protagonizan paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes contra el Estado han sido los llamados falsos positivos, que es un eufemismo creado para enmascarar las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de escasos recursos, provenientes de las barriadas de las principales ciudades, a quienes traficantes de personas vendieron, para ser ejecutados y presentados ante la opinión pública como positivos en la lucha contra la guerrilla y los paramilitares.
Muchos de esos crímenes fueron anunciados ante los medios de comunicación, como un parte de victoria, para mostrar los avances de la llamada seguridad democrática. A cambio de esas bajas, supuestamente en combate, algunos militares recibieron condecoraciones, permisos y ascensos. Y los “informantes” que permitieron dar de baja a los “bandidos” recibieron jugosas recompensas.
“Todo iba bien” hasta que el valiente Personero de Soacha, Fernando Escobar, denunció ante los medios de comunicación que 12 jóvenes asesinados en Ocaña, Norte de Santander, eran gente humilde, engañada, a quienes les ofrecieron trabajos en fincas y poblados.
El país se ha acostumbrado a ver los rostros adoloridos de las madres de esas víctimas, pidiendo justicia, verdad y reparación. La última de sus apariciones ante los medios, se ha dado por una noticia que tiene a las organizaciones de derechos humanos, a las ONG internacionales y a los organismos multilaterales indignados y con los pelos de punta: la liberación de 17 militares capturados y juzgados por esos crímenes de lesa humanidad, a quien un juez sacó de prisión por vencimiento de términos.
Las madres de Soacha se han sentido abandonadas ante un Estado que parece proteger a los agresores y no a las víctimas. Y no solo eso, denunciaron que han arreciado las amenazas de muerte en su contra, provenientes de quienes quieren que este delito quede impune y esos muertos no tengan dolientes.
Hay que alzar la voz, una vez más, para exigir que en Colombia se respeten los derechos de las víctimas y haya justicia. Quienes cometieron tan graves delitos no pueden reírse de la justicia por las fallas del sistema penal acusatorio, ni por la desidia con que muchos toman este tipo de casos, que son aberrantes y lesionan gravemente la democracia.
La Corte Penal Internacional está tomando atenta nota de estas decisiones y ha anunciado por todos los medios a su alcance que Colombia es candidata para ser sometida a esa jurisdicción. El caso de los falsos positivos es un prototipo perfecto para demostrar que la justicia internacional será implacable frente a quienes cometen esa clase de conductas que avergüenzan a la humanidad.
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